Funcionario vs Político

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Origen la de la entrada

No vamos a decir que andemos pensando en las oposiciones de manera permanente, pero hay veces que algo hace saltar alguna idea. En este caso fue el vídeo que ponemos al final de la entrada y que los ansiosos puede ver aquí. Nos ha traído a la cabeza la relación que debería haber entre lo funcionario y lo político.

De todo lo que allí se dice, lo único que sirve para esta entrada es lo siguiente:

1. Algunas veces los políticos diseñan una medida que podría suponer la solución de un problema.
2. Una vez analizada, podría resultar que no ayude a solucionarlo y, seguramente, genere otros nuevos.

Vaya por delante que esta situación se ha dado, y se seguirá produciendo, desgraciadamente, en todo tipo de políticas y bajo cualquier tipo de gobierno.

En este tipo de situaciones, ¿qué debería hacer un funcionario?

Sobre este tema hemos buscado qué se ha escrito antes. En esta búsqueda, algunos de los primeros artículos son interesantes.

Nota previa

A lo largo del post supondremos que vivimos en el mejor de los mundos.

En este sentido, consideramos fundamental dejar para la reflexión lo siguiente.

An optimist believes we live in the best of all possible worlds.

A pessimist fears this is true.

The Cardinal Conundrum

Funciones de cada agente

Antes de entrar a valorar qué debería hacer el político y el funcionario, intentemos aclarar para qué está cada uno.

El político

Este debería gobernar para todos y, en la medida de lo posible, a través de esa tarea de gobierno, solucionar problemas o, en caso de que esto no sea posible, intentar que los nuevos que se generen sean más pequeños que los originales.

Como cada uno tiene su manual, afrontará unos temas primero y dejará para más tarde otros. Del mismo modo, ya que en la vida pocas cosas suelen tener soluciones únicas, optará por aquella con la que se sienta más cómodo, descartando otras igualmente de válidas.

Para acabar, ¿es un Director General un cargo político? El Director General es el nivel más bajo dentro de los altos cargos. Son puestos que deben ser cubiertos por funcionarios, salvo que se prevea lo contrario. Según esto, hay gente que opina que prima su carácter político y otros que consideran que deberían ser vistos como “primeros funcionarios”. Cada uno lo verá según su prisma, pero, en nuestra opinión, sería mejor si la cosa se decantara hacia la segunda opción.

El funcionario

Por su parte, este empleado público lo que debería hacer es una tarea de asesoramiento, si está cerca del cargo político, o bien de ejecución de las normas, en cualquier otra posición.

En la primera función cabe destacar que quien tiene la iniciativa es el político y nunca el funcionario. Aquel podrá intentar modular las medidas, pero nunca hay que olvidar que quien ostenta el poder es el político, ya que él representa, de una manera u otra, la voluntad popular.

Sobre la segunda hay que decir que cualquier labor de un funcionario supone la ejecución de una norma, ya sea de forma directa o indirecta. Cualquier cosa que haga, lo hará porque hay algo en el ordenamiento jurídico que prevé dicha actuación. De este modo, un funcionario en general, y un Ingeniero Industrial del Estado en particular, puede acabar haciendo cosas de lo más variopintas.

Solapamiento

Tal y como se puede ver en esta entrada, en algunos cuerpos podría existir un gran solapamiento entre funcionarios y políticos, ya que un porcentaje relevante de ellos se encuentran en la situación de servicios especiales, que en algunos casos supone el nombramiento como cargo político.

En su día publicamos una encuesta en twitter preguntando si los Ingenieros Industriales del Estado aceptarían ser nombrados como Director General. Dado lo poco habitual que un funcionario de este cuerpo tenga un perfil político, comentamos el resultado en esta entrada.

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Una vez hemos aclarado las diferencias, pasemos a analizar qué debería pasar en ese mejor de los mundos antes y después de la aprobación de una medida concreta.

Antes de la aprobación

Como ya se ha dicho, aquí quien manda y tiene la iniciativa es el político, siendo el funcionario una herramienta. Por este motivo, tiene sentido que nos detengamos un poco para ver qué tipo de herramienta es un funcionario.

El funcionario como herramienta

A nuestro modo de ver, los funcionarios deberíamos ser los profesionales más libres para exponer nuestra postura, siempre que esta se base en hechos y sea acorde al marco legal que exista en cada momento.

Esto debería ser claro para aquellos que tengan su plaza en propiedad (primer destino o cualquier otra que hayas conseguido vía concurso). ¿Por qué? Más que nada porque de ese puesto no te puede echar nadie. Lo peor que te puede pasar es que te quiten la productividad. Incluso esto, por el comentario de algún compañero de perfil jurídico, se podría asimilar a una medida disciplinaria, por lo que, quizá, ni siquiera es tan fácil.

¿Qué pasa con aquellos que tenga su plaza en libre designación?

Para los menos versados en función pública, la libre designación es una forma de provisión de puestos de trabajo. Según el artículo 80 del TREBEP:

1. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.

[…]

4. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente. […]

Son puestos de libre designación los subdirectores generales, por ejemplo.

Una posible interpretación de lo anterior es que quien está en un puesto de libre designación está vendido, porque si no se pliega a la superioridad, le cesan. Hay un refrán catalán que ilustra esta situación: “Qui té el cul llogat no seu quan vol”, que, literalmente, significa “Quien tiene el culo alquilado no se sienta cuando quiere”.

¿Es esto cierto? Con matices, tal y como se puede leer aquí. Te pueden cesar, pero la decisión no debe ser arbitraria.

Por lo tanto, se mire como se mire, todos los funcionarios deberíamos ser libres de mostrar nuestro parecer con independencia del planteamiento de quien esté encima de nosotros.

Postura del funcionario

A la vista de lo anterior, la cosa debería estar clara. Todos escoramos hacia algún lado y tenemos cierto tipo de sesgos. Negar esto sería absurdo. Ahora bien, no se nos paga ni para reafirmarnos en nuestros deriva ni corroborar nuestros sesgos, sino para velar por el interés general y hacer cumplir las leyes.

De este modo, habría que poner de manifiesto ante el cargo político si una medida tiene una efectividad cuestionable o podría considerarse de legalidad dudosa.

Después de la aprobación

Si la medida finalmente es adoptada y se publica en el BOE, automáticamente se acaba la discusión. Hay que hacerla cumplir, con independencia de si la consideras oportuna o no.

Igual alguien la recurre. Incluso podría ser que fueran funcionarios haciendo cumplir una ley (apartado 4 del artículo 5). Pero hasta que no se anule, hay que hacerla cumplir.

Conclusiones de lo anterior

Ambos roles son necesarios. Si quisiéramos que las cosas fuesen razonablemente bien, los roces entre ambos colectivos deberían ser los estrictamente derivados de las funciones que ambos ocupan. Si la cosa sale de ahí, alguno de los dos podría estar entendiendo mal cuál es su trabajo.

No entraremos a valorar si es positivo que un funcionario pase a ser político. Como todo en esta vida, tiene ventajas e inconvenientes.

Lo que sí consideramos prudente decir es que si alguien cree que aprobar una oposición puede ser un atajo para acabar viviendo amorrado a la teta, por favor, que nos haga un favor a todos y no lo haga. Ningún problema con aquellos que lo acaben siendo y hayan captado el matiz, nada sutil, de la frase anterior.

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No se nos olvida, el vídeo