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Análisis del Real Decreto-ley 6/2023 (4 de 4)

Tiempo de lectura: 4 minutos

Antecedentes

El pasado 20 de diciembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, RDL 6/2023 o RDL en lo sucesivo, que podéis consultar aquí.

La parte en la que se aborda la reforma de la Función Pública es el Libro Segundo. Este se estructura con un primer artículo con el objeto, ámbito y principios de actuación y 4 títulos.

Hemos analizado ya el Título I, el Título II y el Título III.

En esta última entrada analizaremos el último. No es algo que sea relevante para un opositor, pero no está mal tener alguna idea, ya que es un epígrafe de uno de los temas de la oposición.

Como ya hemos dicho, el RDL solo aplica a la Administración General del Estado.

¿Quién forma parte del personal directivo?

Antes de concretar qué puestos lo son, el RDL da una definición general de lo que se entenderá por personal directivo en el artículo 123.1. La definición empieza diciendo que son aquellos que desempeñan funciones directivas. ¿Cuáles son estas? El RDL lo concreta en el artículo 124. Basta con hacer alguna de ellas.

Siendo esto así, llama la atención que solo se considere personal directivo a los subdirectores generales. El artículo 123.3 omite la coletilla habitual de “y asimilados”, por lo que parece dejar fuera a los vocales asesores.

Intuitivamente un subdirector general todo el mundo tiene claro que es personal directivo. A los vocales asesores se les podría considerar más como correas de transmisión, pero, como entre sus funciones está la coordinación, realizan funciones directivas, según el literal del RDL.

Los subdirectores generales adjuntos son personal predirectivo.

Ejercicio de sus funciones

Los principios de actuación se recogen en el artículo 124.2. Ninguna cosa llamativa. De hecho, creemos que son principios que podrían aplicar a cualquier funcionario, no solo al personal directivo.

Lo que nos llama especialmente la atención es el punto b) que se refiere al “Aprendizaje a lo largo de la carrera profesional, de acuerdo con los marcos de competencias profesionales existentes”. Es algo concreto, que se puede medir y evaluar fácilmente y que repercute claramente en el desarrollo de la actividad.

Régimen jurídico

Para el personal funcionario, seguirá siendo el derecho administrativo. Para el personal laboral, habrá un contrato de alta dirección.

Organización administrativa asociada a los directivos públicos

Los puntos 3 y siguientes del artículo 125 nos resultan un poco complicados de imaginar o entender.

Parece que en la AGE habrá un repertorio de puestos de personal directivo público profesional que será independiente de las RPTs. ¿Quiere esto decir que los puestos de subdirector general se sacan de la RPT?

En ese repertorio se deberá incluir “el perfil requerido para su desempeño, referenciando los requerimientos de competencias y cualificaciones profesionales, entre ellas, la de dirección de personas, la experiencia profesional aplicable y la formación requerida”. Mucho ánimo y paciencia a quien tenga que hacer ese repertorio.

Más tarde se dice que los puestos se podrán clasificar. ¿En base a qué y para qué?

Se menciona un directorio. Entendemos que se refieren a la quinta acepción de la RAE, es decir, una relación de personas. Este directorio permitirá “identificar las necesidades de formación y [contribuirá] a la generación de información estadística para la gestión del talento”. Que alguien nos diga cómo se va a hacer esto, sobre todo cuando la inscripción será voluntaria.

Para acabar, en el punto 5 se dice que se les obligará a participar en actividades formativas. Afortunadamente, solo en aquellas que se consideren obligatorias y que estén dirigidas a este personal. El INAP debe estar ahora mismo dando palmas con las orejas.

Requisitos

Son tres (para el personal funcionario):

  1. Ser A1.
  2. Contar con la experiencia y antigüedad suficientes que se requieran.
  3. Poseer la formación requerida en función del perfil del puesto.

Sobre 1, nada nuevo. Los requisitos 2 y 3, entendemos que la experiencia, antigüedad y formación son los que se han puedo en el repertorio comentado en una sección anterior. Si no fuera así y en cada convocatoria se puede poner algo diferente cada vez, vaya gracia. No hubiese estado de más concretar algo estas cosas.

Nombramiento y cese

Se seguirá aplicando la libre designación, pero con unas exigencias algo más reforzadas. Antes se debían publicar los requisitos indispensables para desempeñar el puesto y ahora los requisitos y competencias a valorar.

El nombramiento será por 5 años. Se podrán renovar si se mantienen los requisitos para el nombramiento y no hay evaluaciones negativas.

El cese solo se podrá llevar a cabo por causas tasadas. Todas ellas, salvo la última, pérdida de confianza, bastante objetivas. Este último motivo de cese se podrá emplear solo de forma excepcional.

Conclusiones

Habrá que ver cómo se acaban implantando los cambios.

El cambio parece un avance en la profesionalización de la Administración Pública y dota de una mayor seguridad a los subdirectores generales.

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